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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 9 de octubre de 2018.- Argumentando que se pone en riesgo la integridad personal de quienes ejecutan obra pública en la entidad, legisladores locales desecharon la iniciativa que buscaba reformar el artículo 174 bis de la Ley de Obras Públicas, para ordenar que las compañías constructoras publiquen a detalle la cantidad de proyectos que realicen, montos asignados, así como información precisa de sus empresas.
Los diputados que integran la comisión de Desarrollo Territorial en la LXII Legislatura, Rolando Lara Herverth, Sonia Mendoza Díaz, Mauricio Ramírez Konishi y Emanuel Ramos Hernández, aplicaron mayoría sobre Marité Hernández Correa, quien se mostró a favor de que esa información sea pública de facto, una vez que las empresas ganen las licitaciones.
“Creo que la ciudadanía merece transparencia, no veo a qué le puedan tener miedo si el dinero que ganan es lícito; dicen que por medio de transparencia en la página web, pero hemos accedido y le hace falta mucha actualización porque no está completa la información”, expuso la legisladora.
Esta iniciativa fue propuesta en la LXI legislatura por Lucero Jasso Rocha y según expuso el presidente de la comisión, Rolando Lara Herverth, no haría falta profundizar en datos personales de quienes encabezan los trabajos o aquellos relacionados a sus finanzas, amén de que un cambio de esa naturaleza se contrapone con la Ley de Protección de datos personales.
«Con información de transparencia es posible que cualquiera tenga acceso, se pretendía colocar más datos pero también con ello se pondría en riesgo la integridad de personas físicas y las propias empresas», sostuvo el panista.
El ex tesorero municipal de Soledad de Graciano Sánchez (durante el trienio de Ricardo Gallardo Juárez) y ahora diputado perredista, Emanuel Ramos Hernández, también se inclinó a favor de reservarse información, pues dijo «la ciudadanía tiene derecho a conocer los datos de las obras, pero ya algo relacionado con el patrimonio de quien las ejecuta es diferente».
Indicaron que la petición para salvaguardar estos detalles, ha sido puesta en la mesa por algunos representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), quienes temen por su seguridad al ventilarse los millonarios presupuestos que aplican en la ejecución de cada obra para los gobiernos municipales.