La oscuridad, los fideicomisos y las perversas intenciones

La semana augura diversos asuntos cruciales para el desarrollo nacional. En primera instancia, se deberá poner en práctica un programa de inversión pública y privada que, aunque se anunció hace 12 meses y se pensó que podría ser lanzado en abril para compensar los efectos de la pandemia, finalmente podrá ver la luz, pero sin certidumbre sobre sus efectos.

El otro tema, bordará los discursos mañaneros sobre las consultas populares y, con esto, las manifestaciones públicas relacionadas con la forma de gobierno.

Pero tan importante como los anteriores será la discusión en la Cámara de Diputados sobre el destino de los 109 fideicomisos y los recursos que en realidad pueden significar entre 68 y 75 mil millones de pesos, que serían manejados directamente por el Ejecutivo Federal y que significa abrir la puerta a la oscuridad del centralismo económico y político, que es una forma de perversión.

Desde abril, cuando el presidente López Obrador emitió el Decreto que ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos sin estructura orgánica, con la intención de asegurar recursos para la recuperación económica sin contratar deuda ni aumentar impuestos, su plan ha sufrido varios reveses legales y financieros porque la desaparición de esas instancias requería de hacer innumerables cambios a múltiples leyes vigentes no solamente en el ámbito federal, sino también en estados y municipios.

Así, de los 339 fideicomisos con más de 740 mil millones de pesos existentes al finalizar 2019 que encandilaron al jefe del Ejecutivo y lo llevaron a hacer cuentas alegres, no contempló que la administración pública está normada y eso fue achicando los números, pero no redujo el riesgo social, político y económico que representa ese decreto.

El gobierno y sus legisladores no entendieron ni aprovecharon los informes sistemáticos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que desde hace años advirtió de la opacidad administrativa de los fideicomisos y de la advertencia de que muchos de ellos no pueden ser extinguidos por sus efectos económicos y jurídicos que, en un plan estratégico de finanzas públicas pudo resolver sin agravar con pretextos políticos la crisis económica.

No es posible hacer una cirugía de precisión a machetazos porque no todos los fideicomisos son iguales. Solamente se podía actuar sobre los de carácter federal y sin estructura orgánica, porque su existencia no requiere de un organigrama funcional ni del personal correspondiente, y por esta razón se distinguen de los que están contemplados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley de Federal de las Entidades Paraestatales.

Los diputados de Morena no han alcanzado a entender la complejidad de los problemas, sus argumentos tratan de apoyarse en la austeridad republicana y en las facultades constitucionales del Presidente.

Hay otros datos: la ASF ha señalado que, en general, no existe información suficiente o contabilidad confiable de los fideicomisos, no se conocen los montos recaudados, ni los beneficiarios directos de los subsidios, pero tampoco las obras que se ejecutan con el dinero público encapsulado en esos contratos.

Pero todavía más, se ha pretendido hacer política sobre la irracionalidad que fue utilizar el Fondo de Estabilización Financiera para encubrir la caída de la economía en 2019, en lugar de emprender un Plan Integral de Recuperación y de agotar los ahorros nacionales.

En la Cámara de Diputados se jugará el destino de los mexicanos y de diversas áreas de progreso basadas en fideicomisos, siendo que el gobierno puede obtener recursos adicionales con la cancelación, si se quiere temporal, de la ahogada refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, por ejemplo y que en nada ayudan a esclarecer el panorama nacional. Al contrario, lo enturbian y pervierten las buenas intenciones, si existen.

Hacia adelante, el país necesita certeza en las acciones gubernamentales y fundamentos razonados, tanto en materia política como económica.

@lusacevedop