Policías locales prometidas: el presidente miente

Entre nuevas señales de mal agüero que el presidente López lanzó la semana pasada está la presentación a Cámara de Diputados de su proyecto de Presupuesto para el 2021, en que propone gastarse $6.25 billones de pesos en sus prioridades, que no son salud, seguridad o recuperación de empleos de los mexicanos; sino (1) obras violatorias de normas ambientales, y sin viabilidad: refinería Dos Bocas, aeropuerto en Santa Lucía (cementerio de mamuts), o Tren Maya (devasta ecosistemas); ¼ parte. Y (2) a subsidiar potenciales votantes, controlados por estructura paraestatal-partidista, los “Siervos de la Nación”, sin reglas ni beneficiarios verificables, en total opacidad. Y recorta participaciones a estados ¡A GTO $5 mil millones! Y a municipios les reduce el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal , FORTAMUN; y les desaparece el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG, que este año fue de casi $4 mil millones de pesos, para 300 municipios (17 de GTO). En cambio, para SEDENA incrementa 16% (a más de $112 mil millones de pesos), y a la Guardia Nacional aumenta 18%, (a $36 mil millones de pesos). Militarización, vuela alto; cuerpos civiles, como aves de corral. Para estados y municipios solo 1/3ª parte del total de gasto en seguridad y justicia; para el Gobierno Federal: 2/3 partes de ese gasto público. Centralismo voraz, militarizado, asfixiante. ¡En plena crisis de seguridad!

     Detengámonos en un compromiso-mentira del presidente: la implementación del “Modelo Nacional de Policía y Justicia cívica”, única acción estratégica nueva de su propuesta, y que preveía partida presupuestal relevante, comprometida en la “Estrategia Nacional de Seguridad  Pública” ante el Senado -éste la aprobó en abril del 2019-, e incluyó en su “Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2014”, publicado este año. Este modelo busca: fortalecer capacidades de policías municipales y estatales (las apoyamos en 2010-12 con el Subsidio a la Policía Acreditable, SPA), aumentar su estado de fuerza, e implementar la justicia cívica para prevención de delitos. Es sensato un modelo de policía de proximidad más cercano a la gente, en el que se dote de atribuciones de investigación, con unidades especializadas, a estos cuerpos policiacos, a fin de que no solo las policías ministeriales investiguen delitos, como prevé el nuevo sistema de justicia penal desde 2008; atribución a la que se oponen la mayor parte de los fiscales del país, al no adoptar el nuevo paradigma. Y cumpliendo con el Desarrollo Policial de la Ley General. Esto aumentaría sustancialmente el estado de fuerza investigador de delitos: en el país hay solo 6 mil agentes del MP y 27 mil policías investigadores, frente a más de 300 mil policías preventivos que pueden apoyar investigación -los certificados-, y trabajando en coordinación con el MP, a quien entregarán resultados para que éste ejerza acción penal. Pendiente también transformar la justicia municipal para resolver no solo faltas administrativas, sino conflictos entre ciudadanos, previniendo conductas antisociales y problemas de adicciones y violencia, con medidas alternativas de solución de controversias. Morelia es un caso ejemplar que hemos analizado con Bernardo León su impulsor, para intentar aplicarlo en GTO, sin eco gubernamental.

     “Prioridad sin presupuesto es demagogia”. Modelo no lo tiene. El presidente no capta que mayor parte de violencias más terribles en México son culpa de la delincuencia organizada -asesina, secuestra, extorsiona; trafica drogas, huachicol, armas, personas-, y por tanto, competencia federal perseguirla. Y que son primera contención y prevención, municipios y estados. #+500LEGISLADORESMx hicimos exhorto conducente, con enfoque a Cámara de Diputad@s, quienes tendrán ocasión de corregir proyecto presupuestal dañino del presidente. ¡Viva México!