La magistrada presidenta del TEPJF dijo que el país se desprende del “piso engomado”
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 10 de septiembre de 2020.- El presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, A. C. (CMCH), David Eduardo Vázquez Salguero, señaló que el caso de la subasta «Libros y documentos sobre la Independencia de México, el Primer Imperio y la Primera República”, es un llamado de atención para que todos los organismos interesados en la protección del patrimonio documental mexicano, interactúen con el Archivo General de la Nación (AGN), autoridad que regula materia.
Indicó que la actuación del AGN ante esta situación los deja tranquilos debido a la rápida actuación, pues comentó que la misiva del CMCH fue enviada el lunes 7 de septiembre, por lo que la respuesta del AGN al día siguiente fue rápida, debido a que se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de la casa Morton Subastas.
Sin embargo, señaló que también quedan dudas sobre la actuación, ya que a pesar de que durante la subasta fue retirado el lote que correspondía a la carta de Miguel Hidalgo y Costilla, no se menciona la razón de su retiro.
Además de que el resto de la documentación siguió su curso en la venta, como la carta de José María Morelos en la que se habla sobre la creación de una academia militar y que fue comprada.
Mientras que otros no fueron vendidos porque no hubo postores. Por lo que para el titular no se impidió la venta de documentos en general.
En caso de que la denuncia del Archivo General de la Nación prosperara ante la FGR, es posible la recuperación de las cartas vendidas y hacer el traslado de dominio. Por lo que la casa de subastas, al ser el intermediario, tendría que cooperar y dar la información de los particulares que propusieron la venta y quienes compraron los documentos.
También les deja claro que es necesario contar con una serie de mecanismos interinstitucionales entre el AGN, los sujetos obligados (Estados, municipios y particulares) en posesión de archivos históricos, así como a los organismos que reciban fondos públicos, a cumplir y observar la Ley General de Archivos.
Aunque Vázquez Salguero señaló que existe la disposición de todas las instituciones, en particular el CMCH, para diseñar estrategias de alerta y seguimiento, así como fomentar la cultura de la protección al patrimonio documental.
«No nada más es estar pendientes del saqueo y la venta de documentos, sino implica también una labor de concientización en estudiantes de historia, en usuarios de archivos, en el público en general, y en las propias instituciones para salvaguardar este patrimonio», comentó.
Asimismo, mencionó que la labor realizada por la comunidad de historiadores para evitar la venta de las cartas no fue algo excepcional, sino que es una tarea que debe ser cotidiana.