
Los niños que fuimos
De nuevo es septiembre. El presupuesto, por ley, tiene límite en el 9 del mes para ser entregado al poder legislativo. El titular de la SHCP, como en sus tiempos estudiantiles, hizo la tarea a tiempo, la historia evaluará si la hizo bien.
En medio de un contexto financiero complicado, en estado crítico, el presupuesto ha sido anunciado como austero desde hace un par de semanas. No así para los programas de interés al Palacio Nacional.
La justicia social tiene cimiento en soluciones y no en la mera distribución de flujo de efectivo líquido para gasto.
Es estrategia fallida en estos 21 meses; no así para la ruta 2021, con proceso formalmente iniciado el pasado lunes, donde esperan dividendos en posiciones gubernamentales y la cámara de diputados. El Poder por el Poder mismo, sin capacidad de poder.
La Ciencia, Tecnología, e Innovación, CTI, no es prioridad ni se está en la perspectiva de acción del estado mexicano, tampoco se le percibe como herramienta para hallar soluciones a necesidades nacionales.
Craso y rotundo error. La historia lo dirá, esta columna lo analiza.
Una consecuencia directa es que no habrá impulso alguno durante 2021 a la CTI, como tampoco lo habrá en el resto del sexenio; es un lapso perdido mas para que nuestro país edifique soluciones basadas en este pilar, combinado con otros, para la sustentabilidad: energía, medio ambiente, economía, productividad competitiva, salud, seguridad alimentaria, soberanía y gobernanza, etcétera.
La CTI es socialmente transversal a las actividades humanas, una componente ortogonal de la sociedad que le permite generar un espacio consolidado para su desarrollo y crecimiento; el de la población entera.
No se trata de pedir presupuesto público para ejercerlo y ya; no, mas bien, es una oportunidad de la sociedad para invertir en las soluciones a sus problemáticas.
En el proceso electoral que ha iniciado el lunes próximo pasado se vislumbra una alternativa: Los gobiernos estatales.
El recurso local no es tan abultado como el federal, reflejo de la distancia entre sí, empero tampoco los problemas de los estados o regiones son los de todo el país. Hay vocaciones regionales y locales, así como problemas específicos donde la CTI puede contribuir a dar soluciones.
En lo federal y en lo estatal, la autonomía del órgano para la CTI es un factor de relevancia transexenal; es una factura pendiente y a la vez una oportunidad de mejora para resolver la dependencia del centro a la par de construir soluciones. La definición del perfil podría es un tema en este particular.
Otro nicho de mejora está en el poder legislativo, se renueva la cámara de diputados.
En éste la situación atañe a dos elementos importantísimos: La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, LCyT, así como el presupuesto de egresos de la federación anualizado.
En la reforma a la LCyT hay dos iniciativas fortalecidas: La oficial impulsada por CONACYT y la de la comunidad CTI, impulsada por la red ProCiencia.
La pretensión y posibilidad convertirla en una ley general, tras su reforma, es un riesgo muy importante para los estados.
Los términos de la LCyT reformada podría restringir los actos de ejecutivos estatales para que cimienten soluciones locales y regionales a partir de la CTI. Esto ha pasado desapercibido y es una amenaza que se filtra en las estructuras de la soberanía, abundan ejemplos en el mundo.
Paradójicamente, hay dos oportunidades en ello: Abrir la puerta del ejercicio estatal hacia soluciones a sus problemas y las estrategias en consideración de la condición temporal de desarrollo local.
Esta oportunidad no la he detectado ni en la propuesta de CONACYT ni en la de ProCiencia.
Parece apropiada una reforma constitucional para facultar de autonomía y capacidad a los entes en CTI, al federal y estatales.
Ejemplo, que las multas electorales sean orientadas con claridad a la CTI y las soluciones que ofrece. Las redacciones de leyes locales han abierto disputas legales en el tema dentro de algunos estados.