Videoescándalos, violaciones y venganzas

El presidente López hizo que viéramos imágenes de entregas de dinero sucio, en la pista de su circo; exige se difundan harto los videos que Emilio Lozoya –delincuente confeso-  mandó grabar entregando ilícitamente bolsas de dinero a empleados de senadores panistas; y ordenó se difunda denuncia del mismo delincuente contra ex-presidentes y otros ex-servidores públicos. Afirma es para “estigmatizar” a involucrados, y para “purificar” la vida del país, aun cuando videos y pruebas expuestos en ellos pierdan por ello valor en procesos legales; expresó que lo importante es la condena popular -no la del juez-. En otras pistas, de noticieros y de disidentes, vimos videos que dañan al presidente y su entorno: de su hermano Pío López Obrador recibiendo de David León Romero (cuando era asesor del corrupto gobernador de Chiapas Manuel Velasco, hoy designado por AMLO como director de la paraestatal que distribuirá medicinas) paquetes de dinero en efectivo, y confesando lo hicieron por meses; antes vimos de su secretario René Bejarano con ligas en fajos de billetes. Con mismo asunto de dinero sucio a Morena circulan los de Scherer, Monreal, Barbosa. (No faltan de vida actual de sus hijos). El presidente alega que es poquito, y distinto porque fueron “aportaciones”  a campaña. Para él, válidas;  a otros, no. La confesión del presidente y videos deben ser investigados por la Fiscalía para Delitos Electorales; su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, fue su secretario de gobierno en Cd. de México, es incondicional. No buscan verdad ni justicia. Sí venganza y conservar el poder.

Las autoridades solo pueden hacer lo que la ley autoriza; los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíbe (Principio de legalidad). Órdenes de exhibir videos desde el poder, sin fundamento legal, dinamitan las acusaciones que eventualmente lleguen a tribunales, y él lo sabe, por eso asegura que lo importante es la condena popular, y el lunes reitera quiere consulta al respecto. Viola derechos fundamentales de adversarios -como violó de editores de la revista Nexos-, viola la presunción de inocencia y el debido proceso, y continua destruyendo al Estado Mexicano al desconocer contrapesos al poder presidencial, violando autonomía de la Fiscalía de la República, corrompiendo a UIF e investigaciones, y adelantando condenas que corresponden a jueces. “Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra; sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.  Ésta sentencia de nuestro Máximo Tribunal cae “como anillo al dedo” a los verdaderos culpables. En el circo (como en Roma, pero sin pan) veremos delincuentes sin castigo por investigaciones politizadas por el presidente, y a algunos inocentes dañados en su nombre. Nuestro viejo problema del “abuso del poder público para beneficio privado” de políticos que actúan con discrecionalidad y sin rendición de cuentas, ni transparencia, ni integridad, es imposible resolverlo fuera de la ley.

 El paradigma mundial de la Asamblea Francesa de 1791 es trascendente: “Toda sociedad que no tiene garantizados los derechos fundamentales, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución”. Fórmula didáctica entendible por todo ciudadano del mundo. López Obrador no ha aprendido a ser presidente de todos los mexicanos: sigue siendo jefe de facción,  viene por la revancha, y así le vendrá la maldición que padecieron  los franceses en su revolución: los matanceros o carniceros de hoy serán las reses de mañana. ¡A defender la Constitución!