Ironía
Nada nuevo, nada que no se supiera con antelación en materia de inseguridad, en efectos colaterales y números apocalípticos del crimen organizado, descubre Morena en esta etapa de transición.
De último momento, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, juega un papel de rescate para evitar las contradicciones de Andrés Manuel López Obrador con su propio discurso del perdón a delincuentes y el ‘paz y amor’.
El Legislativo de Morena, soportado en Monreal y Mario Delgado Carrillo (Diputados) preparan el endurecimiento en leyes para criminalizar como delitos graves, con prisión preventiva oficiosa, delitos considerados menores en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El endurecimiento retrocede el avance de los derechos humanos firmados por México en acuerdos internacionales, en específico en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además de incumplir las promesas de campaña de Morena y su candidato (ver documento de IJPP http://hugopaez.com/ijpp/).
Ante la terrible realidad -esa que los otros tres candidatos presidenciales, Ricardo Anaya, José Meade y Jaime Rodríguez, prometieron resolver con firmeza y sin utopías- Monreal y Delgado preparan modificaciones legales para proveer de herramientas al gabinete de seguridad del Ejecutivo, representado por López Obrador.
En lengua romance se dice que preparan el trabajo sucio mediante leyes que permitan aumentar el catálogo de delitos bajo los cuales procede la imposición de cárcel. Punto.
Por ejemplo, la portación de armas a la que se opusieron durante años personajes de la izquierda legislativa, que ahora aparecen en Morena, será penada con cárcel preventiva.
En los últimos dos sexenios, uno de los pretextos para esta férrea resistencia fue proteger a grupos armados con presunta base social, en algunos casos llamados autodefensas, y en otros simple delincuencia organizada, disfrazada de esta.
En este intenso cabildeo para mantener fuera de prisión preventiva estos delitos de portación de arma de fuego, se dio la relación de familiares del gobernador Fausto Vallejo con el capo de ‘La Familia Michoacana’ Servando Gómez “La Tuta”, preso en el penal de alta seguridad del Altiplano.
De igual forma fue documentada en audios y videos la relación del prófugo ex diputado federal Julio César Godoy Toscano, hermano del ex líder del PRD Leonel Godoy Rangel, ahora morenista. La convivnencia se dió con el mismo capo michoacano.
Bastó una sola reunión del presidente electo con el Secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina Vidal Soberón Sanz, para que López Obrador se convenciera de mantener a los militares en las calles por tiempo indefinido, sin importar el incumplimiento de promesas de campaña.
Lo que a principios de la transición fue opinión dividida de los asesores de seguridad de Andrés Manuel, ahora empiezan a converger en la necesidad de medidas mucho más drásticas, y dejar para mejores tiempos la amnistía y el perdón totalmente rechazado por víctimas y familiares en los Foros de Paz.
Entre los duros están los de mayor experiencia, los que en algún momento enfrentaron al crimen organizado, y se mantuvieron al margen de suavizar el combate a los cárteles del crimen organizado.
Manuel Mondragón y Kalb y Alejandro Gertz Manero aparecen como las mentes más duras y comprometidas a solucionar el problema, los que NO se prestaron al ‘paz y amor’ con la delincuencia, y a las tesis de origen estrictamente social, con soluciones románticas y paternalistas.
En el otro extremo están Alfonso Durazo Montaño y Olga Sánchez Cordero. Iniciaron al pie de la letra los pasos del discurso del candidato presidencial, y la realidad poco a poco los ha ido arrinconando a un esquema que requiere soluciones inmediatas, y otras de mediano y largo plazo.
La Cuarta Transformación se está transformando a pasos agigantados en las mismas fórmulas del pasado, con el riesgo de una mayor mano dura, sin importar las promesas de campaña.
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