Alumnas de Tamazunchale representarán a México en Luxemburgo y Colombia
Recientemente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expidió el “Plan Estratégico 2020-2022”, de su contenido se desprende lo que a todas luces era evidente, la estricta vinculación entre la Secretaría de Energía y dicho Órgano Regulador Coordinado.
Lo que desdibuja la autonomía técnica y operativa de la Comisión, pues la misma se encuentra supeditada a las decisiones de la Presidencia de la República y de la Secretaria Nahle, contraviniendo los objetivos establecidos en su propio reglamento, así como en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático.
Pues desde hace más de una década y luego con la reforma energética la Comisión Reguladora de Energía fue orientada a fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.
Sin embargo, las resoluciones y actos administrativos que ha expedido la misma CRE durante el actual gobierno, han hecho todo lo contrario a promover la competencia y proteger los intereses de los usuarios, en contraste, se han encaminado a la protección de los intereses políticos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), ambas Empresas Productivas del Estado, las cuales es sabido operan con sobrecostos y son ineficientes.
Lo que ha provocado daños económicos profundos e irreversibles a los particulares que decidieron invertir en México y apostarle al país, pues el Gobierno Federal en el afán de proteger a las empresas del estado, ha cerrado los mercados y ha favorecido a las aludidas empresas estatales.
Cabe destacar que el propio documento de mérito señala que la política Energética de la presente administración tiene como objetivo recuperar la “Soberanía energética”, e “Incrementar la producción nacional de hidrocarburos”, situación que deja claro que de ninguna manera se pretende promover la competencia en el sector, si no únicamente favorecer a PEMEX y CFE, a costa de que los usuarios finales, es decir la sociedad en general tengamos que pagar tarifas más altas de electricidad y contemos con menores opciones para el abastecimiento de gasolina de nuestros automóviles.
No se omite mencionar que desde luego se ha contravenido lo establecido en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, pues definitivamente no se ha privilegiado la protección al medio ambiente y la salud pública.
De igual manera es falso lo establecido el Plan Estratégico 2020-2022, pues si algo le ha hecho falta a la Comisión Reguladora de Energía, es alentar la inversión privada y fomentar el estado de derecho, la certeza jurídica y las reglas claras.
El suprimir la regulación asimétrica fijada a PEMEX, el haber despedido al 40% de la plantilla laboral de los trabajadores de la CRE y el dar instrucciones para no otorgar permisos de expendio al público de gasolinas y diésel a participantes del mercado que deciden operar con una marca distinta a la de Petróleos Mexicanos, lo único que hace es evidenciar la diametral distancia entro lo publicado y lo que los hechos demuestran.
Para muestra de ello basta con revisar la cantidad inmensa de juicios de amparo que se han promovido por particulares en contra de los actos del Gobierno, los cuales modificaron la regulación y la política pública en materia de energía, colocándolos en una posición desfavorable.
Sin duda alguna, el Órgano de Gobierno de dicha institución, debería voltear a ver las mejores prácticas y logros alcanzados por sus homólogos en países como Alemania, Holanda y Estados Unidos, a fin de situarse en sincronía con las tendencias mundiales de transición energética y competencia en los mercados.