Aprueban diputados otorgar autonomía a la Fiscalía Anticorrupción

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 21 de julio de 2020.- Las y los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura, aprobaron adiciones y reformas de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí con la finalidad de dotar de autonomía administrativa, técnica, presupuestal y de gestión a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción;   además, se aprobó el acuerdo económico que propone la creación de la Comisión Ex Profeso para dictaminar iniciativas ciudadanas que por la temporalidad en su fecha de presentación haya excedido el plazo legal.

La sesión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales se desarrolló de manera virtual, y estuvo encabeza por su presidenta la diputada Paola Alejandra Arreola Nieto, vicepresidenta diputada Sonia Mendoza Díaz, secretario diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, y los vocales diputado Cándido Ochoa Rojas, diputada María Isabel González Tovar y la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

En primer término se analizó y discutió en torno a los dictámenes que promovieron de manera separada, la diputada María Isabel González Tovar y el diputado Rolando Hervert Lara, en torno a las iniciativas para adicionar y reformar el artículo 122 QUÁTER de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; con el propósito de dotar de autonomía administrativa, técnica, presupuestal y de gestión a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.

Se señaló que es claro que la corrupción es considerada uno de los problemas que más afecta los esfuerzos nacionales, estatales y municipales por combatir la desigualdad y la pobreza y generar el crecimiento económico que México y en particular San Luis Potosí, tanto necesitan. 

La iniciativa plantea adiciones, al Artículo 122 BIS y establece que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción del Estado de San Luis Potosí es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, presupuestal y de gestión, con capacidad para determinar su organización interna y el ejercicio de sus recursos de acuerdo con las normas aplicables, cuyo objeto es investigar, perseguir, sancionar, prevenir y erradicar los hechos que la ley señale como delitos de corrupción. 

Además, “el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción del Estado de San Luis Potosí durará en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, será designado y solo podrá ser removido conforme a los mismos procedimientos previstos para el Fiscal General del Estado en el artículo 122 BIS”. 

De igual forma, se estableció que el Congreso deberá realizar las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este decreto. En tanto se llevan a cabo las adecuaciones presupuestales, las transferencias y demás actos necesarios para dotar de recursos propios de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, ésta continuará ejerciendo los recursos y ocupando los espacios que actualmente tiene asignados por la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, se aprobó el dictamen del acuerdo económico promovido por el diputado Martín Juárez Córdova, que plantea la creación de la Comisión Ex Profeso para Dictaminar Iniciativas Ciudadanas que por la temporalidad en su fecha de presentación, haya excedido el plazo legal para dictaminar. 

Esta  Comisión ex profeso, se integrará conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y a propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, debiendo iniciar sus funciones una vez publicada su aprobación en el Periódico Oficial del Estado e inmediatamente después de tomar de protesta; debiendo presentar ante el Pleno del Congreso del Estado informe de actividades al término de la función para la que ha sido creada. 

Se destacó que su objeto será conocer y dictaminar las iniciativas que se encuentren pendientes, que hayan sido presentadas por ciudadanas exclusivamente o en acompañamiento legisladoras o legisladores, y que correspondan a las legislaturas LX, LXI, y LXII que por la temporalidad desde la fecha de presentación y hasta el 27 de abril del 2020, hayan excedido el plazo legal para dictaminar.