Auxilia Guardia Civil de Soledad a mujer en labor de parto
RIOVERDE, SLP., 13 de julio 2020.- Los anexos enfrentan no solo el problema de la inseguridad y los asesinatos como el ocurrido en Guanajuato, sino una falta de regulación que inicia en los municipios y termina en la Federación, pues apenas el cinco por ciento de los anexos tienen certificación de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), dijo Adrián Izar, consultor en adicciones.
El ejemplo más claro es el tema de “los padrinos” –hombres o mujeres que superaron la adicción y laboran como asesores-, que de acuerdo a la norma, «si uno de los encargados es adicto en recuperación, deberá comprobar dos años de abstinencia», pero esto no ocurre ya que muchos pasan un tiempo en el anexo y se convierten en auxiliares.
La Conadic no tiene la capacidad de regulación ni de supervisión, además que en cada visita solo deja recomendaciones que nadie cumple al cabo de un tiempo, dijo Adrián Izar, consultor de adicciones y certificador de la Universidad La Salle. Tampoco los Ayuntamientos o el Gobierno del Estado le quieren entrar al tema, pues ambos pueden hacerlo a través de las licencias de funcionamiento o los permisos de protección civil.
Cada padrino debe ser certificado porque sus conocimientos son muy importantes para ayudar, pero sin habilidades es muy complicado apoyar y es ahí, uno de los muchos caminos donde los grupos delincuenciales pueden intervenir.
“Es momento que el estado pueda tomar las riendas de esta atención de forma profesional y no dejarlo solo a particulares sin regulación”, sentenció.
En México, muy pocos estados como Baja California Norte y específicamente Ensenada son modelo en el tratamiento de adicciones y -dijo-, «recomiendo a muchos pacientes acudir hasta allá porque en cualquier anexo hay riesgo, quizá no de violencia, pero sí que no hay herramientas para ayudarte, porque la agresión no es el camino».
Adrián Izar dio que en México, la atención de las adicciones se da a través del entorno clínico, en espacios mixtos, en comunidades terapéuticas voluntarias (con escasa presencia en el país) y en centros de ayuda mutua (anexos).