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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 5 de julio de 2020.- El presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), Miguel Ángel Ramírez Cárdenas, señaló que el Gobierno Federal a través del su partido Morena en alianza con el Partido Verde Ecologista, pretende privatizar los residuos sólidos y urbanos, lo cual dejaría sin empleo a varias familias que dependen de los residuos orgánicos.
Por ello, realizaron una protesta en caravana contra el mandatario de la República Mexicana, lo cual se llevó a cabo en los 32 estados a nivel nacional, ya que quieren aprobar la ley de economía circular.
El presidente de la Conimer pidió «que no la aprueben e incluyan a todo el gremio, desde el eslabón primario hasta empresas chicas, medianas y grandes”.
También indicó que desde la Conimer se apoyó presidente AMLO, y ahora que está en el poder les ha dado la espalda. Externó que lo que se sabe es que existe una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que promovió esta ley de economía circular.
Señalo que la Conimer está en contra, “porque nosotros como recicladores no queremos la privatización de los residuos sólidos urbanos, lo cual afectaría y dejaría sin sustento a 6 mil millones de personas a nivel nacional”.
Explicó Ramírez Cárdenas que si privatizaran un relleno sanitario toda la gente, los pepenadores, se quedarían automáticamente sin trabajo, ya que al meter tecnología de máquinas, la gente se quedaría en segundo término. «Bienvenida la tecnología, pero que se le garantice el trabajo a toda esa gente de los rellenos sanitarios”, dijo el presidente de la Conimer, en San Luis Potosí.
Explicó que en los centros de acopio recicladores no cualquiera podría vender, excepto algunos privilegiados que pretenden concesionarse, es decir, que intentan desaparecer a los negocios locales que se dedican al reciclaje.
Por último, Ramírez Cárdenas externó que se detuvo la ley, «ya que la iban a volver a analizar, está en el aire pero queremos que nos apoyen a todo el gremio, lo cual en el estado afectarían a 3 mil familias potosinas, dejándolos sin algún sustento».