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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 24 de junio de 2020.- este miércoles los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso local votaron en contra de la propuestas hecha por el Gobierno del Estado para reestructurar la deuda estatal.
Los diputados Mauricio Ramírez y Patricia Celis votaron a favor mientras que los del PAN, MORENA y PVEM votaron en contra.
La diputada Marithe Hernández de MORENA consideró que es una iniciativa improcedente, pues este proceso sería de mayor endeudamiento “es un proceso que se va a cargar en contra de la sociedad potosina, si bien es cierto que estamos viviendo una situación de pandemia inédita, algo que nadie esperábamos, pienso que el Gobierno del Estado tiene otras alternativas, puede agarrarse de otras formas para recaudar los dineros y no acrecentando una deuda que, en realidad, los potosinos van a tener que cargar durante más años”, manifestó la diputada.
Mientras que el diputado por el PVEM Edgardo Hernández indicó que la Secretaría de Finanzas presentó la iniciativa para reestructurar la deuda hasta 18 años, pero consideró que de autorizarse sería pagada por las próximas administraciones, «pero desde un primer momento yo fui en contra porque, en primer lugar, es aplazarla para que paguen próximas administraciones, es decir, el año de gracia va a comenzar a partir del veinte veintiuno».
“O sea que no se me hace justo porque el gobierno actual y anteriores siempre tienen esa costumbre de heredar problemas, heredar deudas y heredarnos a todos los potosinos ese tema de pago, y por supuesto yo no quiero ser cómplice en aplazar al estado con 18 años más con deuda pública.”, dijo Hernández.
La iniciativa de reestructuración fue planteada por el secretario de Finanzas Daniel Pedroza a los diputados, en donde estableció que la reestructura permitirá aplazar el pago de la deuda por tres años más de lo previsto y para evitar que se otorgue una calificación negativa al estado crediticio, en la misma reunión el secretario les dijo a los diputados que en caso de no aprobarse se pondrían en riesgo proyectos de infraestructura y se afectaría la reactivación económica del estado.