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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 23 de junio de 2020.- Una nueva solicitud de juicio político se presentó ante el Congreso local en contra del alcalde de la capital Xavier Nava y los integrantes del Cabildo por parte de integrantes del ejido Rancho Nuevo La Libertad.
Ramón Nuñez, secretario del comisariado del ejido Rancho Nuevo La Libertad, informó que se presentó ante el Congreso local la solicitud de juicio político en contra del alcalde Xavier Nava y de los integrantes del Cabildo de esta capital, debido a que las obras de construcción de los puentes vehiculares ubicados en la avenida Industrias y carretera 57 y en avenida Industrias y Bulevar Antonio Rocha Cordero, están afectando sus derechos como ejidatarios.
Los ejidatarios tramitaron el 20 de abril un amparo en el juzgado Octavo de Distrito, en donde se les concedió la suspensión, pero esta resolución no fue acatada por el Ayuntamiento y las obras continúan.
La solicitud de este juicio político se basa en la flagrante violación a los derechos humanos de los ejidatarios de este lugar, así como el desacatar la orden del Juez federal y privarlos de sus derechos agrarios.
El 3 de junio el Juez Octavo abrió un incidente en contra del Ayuntamiento por no cumplir con la suspensión de las obras
Con esta solicitud suman cuatro las peticiones de juicio político contra el alcalde Nava, anteriormente se han promovido otros: uno por Teresa Carrizales, oficial del Registro Civil, quien señaló fue agredida por policías municipales. Otro más lo presentaron integrantes de la comunidad Mazahua Baja debido a que no se les tomó en cuenta para conformar la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento. La solicitud más reciente fue la que promovieron comerciantes del Centro Histórico de la capital por el desalojo que sufrieron por parte de inspectores de la dirección de Comercio en el mes de agosto de 2019.
LA POSICIÓN DEL ALCALDE
Al respecto, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, indicó que la demanda por tráfico de influencias proviene de personas con dudoso historial.
En dicha denuncia también se incluye al director de Obras Públicas Municipal, Marco Antonio Uribe Ávila, y al oficial mayor, Luis Miguel Torres Casillas, en la que además de tráfico de influencias, también se denuncia corrupción, conflicto de interés y otras actividades ilícitas.
El edil señaló que el estudio con el que cuenta el Ayuntamiento fue realizado por la Junta Estatal de Caminos y que es un órgano descentralizado. Mientras que el trabajo que es licitado es por Obras Públicas del Gobierno.
Por lo que señaló que no existe ningún conflicto de interés, aunque añadió que el asunto deberá dirimirse según como corresponda.
«Nosotros estamos seguros que incluso quienes presentan esas denuncias tienen un dudosísimo historial», señaló.