La Pica

¿El presidente Andrés Manuel López Obrador le pagará con la misma moneda al gobernador Juan Manuel Carreras López?

Está por verse, porque según trascendió en la Ciudad de México, el tabasqueño ordenó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez no dar el aval institucional para el endeudamiento de los gobiernos estatales con los bancos.

Lo anterior, porque según el mandatario, quieren usar ese dinero para empezar a ganar votos de cara a las elecciones de 2021. Y resulta que San Luis Potosí también entrará en ese proceso.

Al parecer, quedaron damnificados -y muy molestos- los gobernadores de varios estados, principalmente el de Jalisco, porque la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal les impide contratar deuda, así lo hayan aprobado sus Congresos locales. Y como le han echado tierra a López Obrador, les respondió Hacienda por delante.

En el caso potosino, todavía no avanza el trámite y lo peor es que está por concluir el periodo ordinario de sesiones, pero López Obrador vendrá pronto y Carreras no se ha aliado con el grupo opositor, así que lleva ventaja.

Las obras del bulevar Antonio Rocha Cordero son una bomba de tiempo, pero sobre todo, parecen estar precedidas de serias complicidades.

Según los ejidatarios de Rancho Viejo la Libertad, que reclaman frenar los trabajos porque pasan por sus tierras, en la elaboración del proyecto participó la Junta Estatal de Caminos, la ejecución corresponde al ayuntamiento de la capital y las empresas contratadas son de los hijos del secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Stevens Amaro.

Resulta que la actual directora de la JEC es Macrina Martínez Pozos, quien fue titular de la Seduvop en tiempos de Fernando Toranzo Fernández y que los Stevens, por su parte, han tenido un sexenio lleno de escándalos.

Baste recordar que a través de su empresa Desarrolladora y Constructora Stevens (Decsa) construyeron el puente vehicular La Lagartija de Ciudad Valles, que sufrió varios derrumbes por las lluvias y fue un viacrucis levantarlo otra vez.

Sin embargo, ganó un gran contrato de 230 millones de pesos -junto con otra empresa Stevens: Wasserfall Bautragerin- en el ayuntamiento de Xavier Nava Palacios, a quien inclusive ya quieren llevar a juicio político, ¿a cambio de qué?

La Auditoría Superior del Estado no tiene pensado perdonar a nadie, ni a la secretaria estatal de Salud, Mónica Rangel Martínez.

Al menos eso es lo que dejó entrever la auditoria superior Rocío Cervantes Salgado, quien afirmó: «No vamos a dejar nada perdonado», en cuanto a la revisión de las cuentas públicas de los tres poderes y los órganos autónomos, entre otros entes.

Como se sabe, los propios diputados locales pidieron a la ASE revisar las cuentas de la Secretaría de Salud en los últimos años, para aclarar de una vez por todas si tiene o no, nexos con Gabo Salazar, un empresario que se hizo famoso por aparentes transas con particulares y el propio Gobierno del Estado.

Sin embargo, llama la atención que la Contraloría General del Estado, a cargo de Óscar Alarcón Guerrero no haya dicho nada ni movido un dedo para checar esas cuentas, sobre todo si se considera su experiencia: excontralor, contador mayor del Congreso del Estado y director general del despacho Óscar Alarcón Guerrero y Cía.

¿O espera que le den la orden?