La Pica

Sería interesante saber si la ausencia del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, a causa de haber contraído el Covid 19, tendrá alguna repercusión legal.

En primer lugar, porque estamos hablando de una ausencia de al menos 15 días y si bien su cargo depende del gobernador Juan Manuel Carreras López y no del Congreso del Estado, nadie ha dicho si puede andar firmando documentos oficiales en su casa y si tendrán validez.

Y es que leyendo el artículo 83 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, resulta que todas las leyes promulgadas por el Gobernador, deberán ser refrendadas por el Secretario General de Gobierno. «Y sin este requisito no surtirán efectos legales», reza. Lo mismo ocurre con decretos, reglamentos, circulares, acuerdos y disposiciones de carácter general que dicte Carreras.

Tan solo ayer los diputados expidieron tres nuevas leyes: de Archivos, Orgánica del Tribunal Electoral y de Justicia Electoral. ¿Quedarán en el limbo?

Colgado del nuevo amasiato Morena-Verde a nivel nacional, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona anda repartiendo cargos a diestra y siniestra.

Los verdaderos militantes de la tradicional izquierda mexicana no entienden ese nuevo bodrio de alianza con el partido del tucán, siempre habituado a vender caro su amor al que se deje, como fue en un tiempo con el PAN y otro con el PRI, de lo que resultaron buenos dividendo$.

Hoy, ese partido en San Luis Potosí luce inexistente y acaparado por el dinero de Gallardo, quien pasó de pollo a gallo y, con la cresta en alto, afirma que está listo para poner a quien quiera en las siguientes posiciones y, claro, a él mismo como candidato a la gubernatura en San Luis Potosí.

De ahí a que lo dejen y luego que gane, hay un largo, muy largo trecho, pero se vale soñar.

Los diputados locales se vieron muy blandos -durante la sesión virtual de ayer- con las reacciones al ataque al recinto legislativo, a la quema de la Bandera de México y a la destrucción del busto del insigne Ponciano Arriaga Leija.

No pasaron de condenar el hecho y de exigirle cuentas al fiscal Federico Garza Herrera en la investigación, la cual por cierto a paso de tortuga y sin resultados.

Se les olvidó que hay dos autoridades omisas en este artero ataque al corazón político de la entidad: las estatales y las municipales. La primera, lenta en su reacción a través de la Policía Estatal y la segunda, simplemente omisa.

Pero los legisladores no fueron capaces de poner el dedo en la llaga, ni de señalar a nadie. Bueno, menos de elaborar un punto de acuerdo conjunto para reclamar la cabeza del autor intelectual.

No cabe duda que los tiempos político-electorales ya son factor, no vaya a ser que los dejen sin candidaturas y el culpable resulte ser uno de sus padrinos.