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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 11 de junio de 2020.- Respondiendo a las declaraciones emitidas por el diputado local Edgardo Hernández Contreras, que se deslindó de aprobar los permisos y nombramientos de la empresa de seguridad privada Invercorp, propiedad de Gabriel Salazar Soto, el director del instituto complementario de seguridad social para elementos de seguridad pública, Jesús Luévano Rivera mostró pruebas mediante documentos firmados por el propio legislador cuando éste aún era asesor del entonces titular de la dependencia Arturo Gutiérrez, quedando en evidencia su participación en los acuerdos con la empresa de Gabo Salazar, lo que muestra que la corrupción y desvío de fondos orquestados por él llegaron también a la Secretaría de Seguridad.
«Estoy muy indignado por el nivel de diputados y funcionarios públicos que tenemos, la información que tengo es del dominio público, yo no habló mentiras, no soy un mentiroso, si dice que él ataca a la corrupción que dé cuenta de lo que hizo cuando estuvo en la secretaría, qué hizo a favor de los potosinos, gracias a él tenemos el contrato por honorarios a los policías, él siendo abogado y asesor del secretario que era atender el otorgamiento de una licencia para una empresa de seguridad privada, debió analizar y revisar que se cumpliera con la fianza que debe depositar cada empresa, si hubiera hecho su trabajo bien hubiera detectado a esa empresa fraudulenta», declaró.
Jesús Luévano mostró ante los medios las pruebas que son de dominio público, en donde Edgardo Hernández firmó la licencia para la operación de la empresa de seguridad privada, sin que ésta cumpliera con los requisitos necesarios para autorizar su función, incluso también dio a conocer una fotografía con la presencia del diputado en una entrega de vehículos.
«El inició de enero de 2015 cuando empezó esta administración, tengo la licencia firmada por el general Arturo Gutiérrez, el asesoraba al secretario, dentro de sus obligaciones estaba revisar que la licencia cumpliera con los requisitos, aquí tengo las obligaciones de un asesor de la secretaría, tenemos la foto donde está el diputado y el dueño de la empresa en una entrega de patrullas; en esa gestión fue donde más se agravó la situación que vivimos los policías, por eso estamos demostrando todos, ese es nuestro interés».
Finalmente, el director del sistema complementario Jaime Flores Escamilla, solicitó al diputado que le pudiera disculpas por sus declaraciones, ya que está en su derecho, también dio a conocer que Edgardo Hernández tiene antecedentes penales y lo acusó de promover un amparo para que le fueran retirados, en cuanto a las empresas de seguridad privada que están involucradas aún siguen vigentes y se debería cuestionar al legislador el por qué siguen operando cuando incumplieron con los requisitos para su funcionamiento.
Así mismo desconoce si se le autorizó el uso de armas, pero todo parece indicar que fue así, ya que el apoderado legal es un militar con facilidad de obtener el permiso, «él tiene antecedentes penales y no lo digo yo, eso está en la base de datos, promovió un amparo para que le fueran retirados esos antecedentes y tiene otro tipo de antecedentes que no son buenos para su función.
Todavía está vigente y eso habría que preguntarle al legislador, la empresa brinda servicios de seguridad a empresas y a la ciudadanía en general, por eso se les pide una fianza en caso de que incurran en una cuestión legal o administrativa garanticen ese daño, se basa también en la ley de seguridad privada del estado, donde vienen señalados todos estos puntos, supongo que les autorizaron el uso de armas porque el apoderado era militar, eso no me consta, pero como militar tiene la facilidad de adquirir la licencia».