Continúa fumigación en mercados del Centro Histórico de SLP
SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 20 de mayo 2020.- Las empresas Fotowatio Renewable Ventures y Balam Fund, que habían invertido en conjunto 307 millones de dólares en San Luis Potosí, resultarían perjudicadas por el acuerdo federal que frena por el momento el uso de energías limpias en el país, de acuerdo con el especialista Alejandro Lara Fierro.
Explicó que ambas firmas habían invertido en conjunto tal cantidad de dinero, la primera localizada en Villa de Ramos y la segunda en Villa de Arista.
El proyecto de Balam Fund, se encontraba en proceso de pruebas de un autoabastecimiento, para dotar de energía a grupos privados.
Entre ambas compañías se esperaba generar una capacidad instalada de 330 mega watts, y evitar la generación de 487 mil 505 toneladas de CO2 al año. Además se habían comprometido alrededor mil 967 empleos, únicamente en el estado.
“La única medida que podría evitar un mayor golpe a las empresas es que el acuerdo sea provisional y se aplicara mientras dure la contingencia. Sin embargo, no se tiene una plazo fijo, por lo que la incertidumbre entre las empresas de energías limpias permanece”, observó.
En días pasados se dio a conocer que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) expidió el Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus de SARS-CoV2 (Covid 19).
Dicho acuerdo ha provocado la discusión entre los especialistas, ya que entre varias cosas, provocaría el freno al uso de energías limpias en el país, así como una disparidad en la generación de energías eléctricas limpias y convencionales.
El abogado Alejandro Lara Fierro explicó que este acuerdo establece una pausa en la entrada de proyectos a la red, aquellos ya construidos o que se encuentren en proceso de construcción y, particularmente, las pruebas preoperativas que deben realizarse antes de ser interconectados a la red.
Aunque esto no restringe la participación de las empresas que ya se encuentran en operación, indicó que el acuerdo deja ver que se priorizará el despacho económico de las centrales de tecnología convencional por encima de las renovables, por la confiabilidad en el sistema.
Lo anterior lo ha dejado de manifiesto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un organismo constitucional autónomo, que de acuerdo con Lara Fierro, ha señalado que no existe una fecha definida sobre el plazo del acuerdo, lo que pone aún más en riesgo a las empresas perjudicadas.
Por lo que la comisión ha recomendado al Cenace aclarar el plazo que debe durar esta medida. Además, el acuerdo no tiene un fundamento técnico, al no mencionar cuáles son las razones por las que se debe suspender la participación de las empresas de energías limpias en el sector energético, pues de acuerdo con el abogado ni siquiera a nivel internacional se ha tomado una medida como esta para atender la pandemia.
El acuerdo trae consigo diversas consecuencias negativas a nivel económico y ambiental para el país.
LOS PERJUDICADOS
Lara Fierro señaló que con la medida se restringe la participación y competencia en el mercado energético, pues aquellas empresas de energías renovables que habían decidido invertir en el país ante la fijación de las reglas por parte del Gobierno Federal, ahora los afecta directamente y los pone en peligro financieramente.
Esto implica a 44 proyectos de energías renovables, 28 plantas solares y fotovoltaicas construidas y 16 en construcción, distribuidos en 18 estados de la República. También se calcula que estos proyectos hubiesen evitado la emisión de 714 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2).
Y podría provocar la pérdida de seis mil 400 millones de dólares invertidos de forma directa, así como poner en riesgo 29 mil 517 empleos en el país, de acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).
A la vez que México pierde credibilidad frente a los mercados internacionales, debido a que se debilita el estado de derecho y hay un cambio en las reglas del juego que ya habían sido establecidas.
Asimismo, Lara señaló que está medida también puede visualizarse como una preferencia de apoyo a las empresas productivas del estado: la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), siendo esta segunda la que tiene finanzas comprometidas.