Reforma fiscal o Estado famélico, déficit presupuestal y PIB negativo

La ofensiva fiscal del SAT, el vaciamiento de fideicomisos, el recorte de personal público, la iniciativa de ley presupuestal a favor del ejecutivo y, entre otras, las presiones sobre el Banco de México revelan la principal crisis del Estado y del gobierno: el ingreso fiscal no alcanza para financiar el gasto, menos con la agenda de compromisos del gobierno actual y en peores condiciones por la caída de los ingresos tributarios por el frenón productivo por el coronavirus.

El acuerdo fiscal posrevolucionario duró hasta 1970 debido a una decisión clave: el gobierno ajustaba el gasto a los ingresos y con ello garantizaba el desarrollo estabilizador como fórmula para controlar la inflación provocada por el déficit presupuestal y mantener rígido el tipo de cambio.

La crisis económica del Estado comenzó cuando el gobierno comenzó a gastar más sin tener ingresos tributarios adicionales, y entonces se acudió a la emisión de circulante –cuando se podía, con un Banxico supeditado al ejecutivo– y al endeudamiento. El resultado fue un déficit presupuestal promedio sexenal de 10% en 1971-1988 –Echeverría, López Portillo y De la Madrid–, con el pico de 14% en el trienio lopezportillista de 1980-1982.

El presiente López Obrador se encontró con un gasto público con tres nudos: el del déficit 0%, el de ingresos fiscales sin cumplir y el de sus programas propios. El desplome de 2019 de -0.1% fue provocado por la orientación presupuestal: dinero destinado sólo a sus proyectos, sin destinar recursos a la promoción de la actividad productiva. Con esa línea, antes del coronavirus se estimaba un PIB de 2020 en 0% a -1.5% porque tampoco habría dinero para inversiones públicas productivas.

La decisión presidencial de conseguir dinero hasta debajo de las piedras por el coronavirus podría cuando menos salvar el 2020 en materia de gasto por pandemia, apoyo a sectores vulnerables y financiamiento de las tres obras emblemáticas, pero en el 2021 volverá a estallar una crisis presupuestal.

El desafío, en realidad, no se localiza en las obras lopezobradoristas, sino en convertir la inversión pública productiva en el detonador de la reactivación económica. Y no se trata de algún programilla contracíclico que no servirá ante el desplome del PIB de -8% a -12%, sino de un verdadero programa de inversiones productivas que haga rebotar la actividad económica.

Y el problema se agrava por la necesidad de reorganizar el federalismo fiscal que no es otra cosa que el funcionamiento de estados y municipios como departamentos de una república centralista, porque esas dos instancias recaudan dinero fiscal que va a la federación y regresa como participaciones basadas en fórmulas técnicas ineficaces. Si el dinero fiscal no alcanzará para las prioridades del ejecutivo, menos para estados y municipios.

Lo que queda es la decisión muchas veces pospuesta de una gran revolución fiscal que suba la participación tributaria de 22% a 40% y una reorganización total de la política de egresos para que el dinero vaya a actividad productiva y no a subsidios sexenales. La política social se trasladaría de los subsidios estatales a economía productiva con empleo y bienestar asociado a la producción.

Y el camino es doble: una propuesta de reforma fiscal del ejecutivo o una convención nacional hacendaria. La primera obligaría a un pacto negociado el Palacio Nacional y la segunda a un gran aquelarre babeliano de contradicciones que no llegaría a una propuesta coherente.

La crisis fiscal del Estado desde 1971 tendría en un gobierno calificado de populista la gran oportunidad para replantear los objetivos sociales del Estado con mejores ingresos fiscales. El déficit presupuestal pactado con organismos internacionales y con el sentido común de 0% obliga a bajar el gasto, conseguir dinero vía la ofensiva del SAT y a disminuir parte de los egresos presupuestales optando por metas sexenales y no sociales.

Las iniciativas de reforma fiscal naufragaron por debilidad de los gobiernos, oposiciones severas de los empresarios y corrupción generalizada. Pero el gasto del gobierno se financia con ingresos fiscales o con deuda o con circulante artificial o bajando el gasto social.

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Política para dummies: La política es la estabilidad macroeconómica, sea populista o sea neoliberal.

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