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RIOVERDE, SLP., 3 de marzo de 2020.- Por cinco horas, una maestra de primaria y su hijo menor de edad fueron privados de su libertad por el propietario de un negocio de venta de autos en el bulevar Carlos Jonguitud Barrios. La acusaba de robar un auto y sin ningún tipo de mandamiento judicial y con la operación de una grúa privada que trasladó el auto –con ella a bordo-, desde su centro de trabajo hasta ese sitio donde tras horas de negociaciones nunca se resolvió la disputa.
El asunto no se resolvió a pesar de la intervención de la Policía de Investigación, la Policía Municipal y los coordinadores municipales de Derechos Humanos. Al final, tres unidades, entre ellos el de la maestra fueron remitidos a una pensión para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público.
Este lunes aproximadamente a la 13:00 horas, la profesora de nombre Petra observó que una grúa levantaba su auto Platina e instintivamente abordó la unidad con su hijo y una mascota, pero poco importó pues fueron remolcados hasta la privada de Amado Nervo a una cuadra del bulevar, en el exterior del negocio de un hombre -quien aseguraba-, que el auto de la maestra era robado.
El asunto era un problema entre particulares, ya que la docente aseguró que había comprado el auto hace cuatro meses en ese mismo sitio. Sin embargo, afuera del lote de autos, acorralaron el automóvil en donde permanecieron al interior de este durante más de cinco horas, bajo los intensos rayos del sol y el sofocante calor de 37 grados.
Al lugar arribaron supuestos agentes ministeriales, quienes aseguraron que el auto sí tenía reporte de robo, pero no procedieron y se retiraron del lugar.
Ahí, también acudió personal de Derechos Humanos para realizar el acompañamiento y que no se violentaran los derechos de los involucrados.
Tras una larga jornada y sin la conciliación de las partes, la Policía Municipal de Rioverde solicitó el apoyo de grúas para remitir el auto de la maestra y los otros dos que bloqueaban su paso, ambos en la vía pública para ponerlos a disposición de la autoridad competente, mientras se realizan las investigaciones.
Por su parte, la familia afectada señaló que interpondrá la denuncia correspondiente tras ser violentados sus derechos.