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SAN LUIS POTOSÍ, SLP., a 12 de febrero de 2020.- Repudio total manifestó la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, presidente de la Comisión de Atención a Periodistas, la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para espiar a periodistas que cubran fuentes judiciales y de seguridad.
“Es que, este país va pa’tras; me dejaste fría; desconocía esto que comenta la magistrada. Sería una violación absoluta a la intimidad, al ejercicio de los periodistas y para cualquier persona”, manifestó.
Y es que, ayer lunes, la magistrada de la Sala Primera de la Corte, Iris Rocío Rojas, sugirió plantear una reforma a la Ley, de manera que se pueda intervenir las comunicaciones telefónicas de los periodistas y así conocer cómo obtienen información sobre algunas diligencias judiciales. Incluso, cuestionó que los medios de comunicación lleguen antes que las mismas autoridades a sitios donde se realizan allanamientos.
En ese sentido, la legisladora potosina, recordó que la única justificación válida en este país para intervenir un teléfono es mediante un mandato judicial, y por casos en específico, “todo lo demás, es ilegal, y así deberá mantenerse”.
Refirió, que en San Luis Potosí, el trabajo legislativo ha estado encaminado en el fortalecimiento de la seguridad, las garantías de respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, así como estar al pendiente en la necesidad de los profesionales del periodismo, y en caso de enfrentar alguna “situación complicada”, recibir el apoyo necesario del Comité de Atención a Periodistas, del Gobierno estatal y de la Fiscalía General del Estado.
“Esto viene pa’tras, daría al traste todo lo que se ha avanzado en materia de protección a periodistas; que si no ha sido por la lucha que los periodistas iniciaron de manera contundente, tras ser sujetos de muertes y amenazas, hoy estaríamos lamentando muchas más muertes de los profesionales en la materia”, señaló.
Benavente Rodríguez enjuició finalmente, “es un retroceso que una magistrada haga una propuesta en ese sentido, que generalice la posibilidad de intervenir los teléfonos de los periodistas, porque entonces acabaríamos con el derecho a la libertad de expresión y el libre trabajo, pues además, representa boicot y amedrentamiento por la información que presenten los periodistas”.