Por iniciar, el proceso de ratificación o cambio en el Poder Judicial

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 2 de febrero de 2020.- El Poder Judicial del estado de San Luis Potosí entrará en una dura etapa de ratificación o cambio de los magistrados, luego que la pasada presidencia de Juan Paulo Almazán Cue se vio manchada por señalamientos de presuntos actos de compadrazgo, amiguismo, corrupción y manipulación en los nombramientos que dejó resentimientos entre los impartidores de justicia.

Con el arribo de la nueva magistrada presidenta, Olga Regina García López se vislumbra que la situación mejore al interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), luego de vencer en la votación por una mínima diferencia a otra de las favoritas: la magistrada Rebeca Anastasia García Medina. Pero incluso la presidenta también tendrá que ser ratificada.

El 14 de octubre de este año se dará a conocer los veredictos para todos los magistrados, pero el proceso de ratificación comenzará seis meses antes, en el mes de abril, por lo que desde ahora los abogados potosinos están pidiendo que no haya politización y se propongan y elijan a las personas que cumplan con los requisitos y tengan la experiencia necesaria para ocupar estos cargos.

A ratificación deberán entrar 11 de los 16 magistrados actuales, incluido el expresidente Almazán Cue, pero no será el caso de quienes sumaron 15 años en la posición de magistrado o cumplieron cierta edad. De acuerdo con la nueva reforma, quienes cumplan ese periodo no pueden volver a ser elegidos.

Mientras que el litigante Alejandro Delgado Olivares, integrante de la Asociación Potosina de Abogados consideró que sería muy conveniente  empezar a tomar en cuenta a sus colegas, así como a los integrantes del Foro de Abogados Potosinos para que en su caso pudieran participar e intervenir en el proceso de selección, ya sea en la ratificación o en la selección de nuevos aspirantes.

“Nosotros tenemos algunos candidatos que podrían ser viables debido a su trayectoria, su imagen, su prestigio, su capacidad y su honorabilidad, para que en determinado momento pudieran participar”, señaló.

El diputado local y abogado conocedor de las tripas del poder Judicial, Óscar Vera Fábregat, dijo que los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado deberán elegir a los candidatos que tengan los mejores perfiles para ocupar el cargo de magistrados y que es una gran responsabilidad la que tienen.

Los integrantes son los diputados Rubén Guajardo Barrera, Paola Alejandra Arreola Nieto, Marite Hernández Correa, Sonia Mendoza Díaz, Edgardo Hernández Contreras, Beatriz Eugenia Benavente y María del Rosario Sánchez Olivares, quienes deberán emitir un dictamen de las propuestas de los candidatos a magistrados, que tendría que ser aprobado por el pleno.

Para ser magistrados, los aspirantes deberán de contar con la votación a favor de las dos terceras partes de los diputados que estén presentes.

El pleno tiene la facultad de rechazar las ternas que consideren necesarias, por lo cual, no se trata de un proceso fácil.

SE VAN TRES

Para el presidente de la Asociación de Abogados Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, Efraín Torres Salazar, “en este proceso debe haber transparencia, muchos (magistrados) no han tenido el rendimiento adecuado y todo eso está politizando el poder Judicial del estado, lo cual no debe de existir porque son asuntos jurídicos que afectan a toda la ciudadanía”.

Señaló que a ellos en lo particular les interesa saber “si los candidatos son de una corriente u otra, si va a haber favoritismo en el dictado de sentencias, porque en algunos casos se hacen a modo y a contentillo del presidente o quienes lo eligieron para el cargo”.

Son 16 magistrados que conforman el poder Judicial y de acuerdo a lo que marca la Constitución del Estado de San Luis Potosí algunos se pueden reelegir por otros seis años, pero en esta baraja ya se da por descontado a Ricardo Sánchez Márquez, Martín Celso Zavala y María Manuela Cáceres. Los demás podría ser ratificados por segunda ocasión.

El proceso es el siguiente: Los integrantes del Consejo de la Judicatura  rendirán un informe con los elementos que permitan al titular del poder Ejecutivo (Juan Manuel Carreras López) evaluar el desempeño de los magistrados, para que el Congreso resuelva en su caso, sobre la propuesta de ratificación. El Gobernador, de esta manera, estará en posición de proponer ternas.

LEVANTAN LA MANO

Javier Batres Esquivel, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí sugirió que el gobernador Carreras pida la opinión de los integrantes de las asociaciones para ver si los actuales magistrados son susceptibles de ratificación.

“Muchos de ellos ni siquiera saben por qué están ahí, los que hacen el trabajo son los proyectistas, no ellos; entonces, no tienen el conocimiento jurídico, también necesitan ser honorables y gozar de buena reputación”, apuntó.

“Normalmente nosotros los abogados pugnamos y cabildeamos con la Secretaría General de Gobierno para ver quién se queda y quién se va, un magistrado se puede evaluar por las resoluciones que le han tirado o por las que han quedado firmes”, manifestó el abogado.

Batres dijo que Carreras y el Consejo de la Judicatura deben revisar muy bien los expedientes, “porque no todos son susceptibles y las propuestas nuevas deben ser personas con experiencia jurídica probada”.

Por su parte, los abogados del Foro Potosino de Abogados apuestan a que la Judicatura presente un informe sobre el quehacer de los magistrados y anticipó: “Nosotros apelamos a que ahora sí, de una vez por todas, no recaiga en compromisos políticos o acuerdos de compadrazgo estos nombramientos, sino en personas verdaderamente eficientes y capaces, a prueba de cualquier escrutinio público”, manifestó.

Pero también anotó algo importante, que tengan “el visto bueno” de los abogados, porque son ellos quienes resienten, el buen o mal desempeño de los magistrados.

LOS REQUISITOS

De acuerdo con lo estipulado en la ley, para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se requiere: Ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  tener cuando menos 35 años de edad el día de su nombramiento, tener al  día de su nombramiento, título profesional de licenciado en derecho con una  antigüedad mínima de 10 años expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional por el mismo tiempo.

Además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito  que haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año; haber residido en el estado durante los dos años anteriores al día de su nombramiento y no haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, Procurador General de Justicia, Diputado local o Presidente  Municipal en el año inmediato anterior al día de su nombramiento.