Otro país/Tomás Tenorio Galindo

El perdón de López Obrador

El primer foro para la pacificación del país, realizado en Ciudad Juárez el martes pasado y encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no arrojó luz alguna sobre los planes específicos del próximo gobierno para erradicar la violencia y acabar con la inseguridad.

Al contrario, permitió observar la confusión que en esta materia existe en el equipo que va a gobernar el país a partir del 1 de diciembre.

Sin embargo, no parece haber confusión en López Obrador, quien planteó otra vez lo que ha venido diciendo desde su campaña, lo que debemos asumir como la idea rectora del plan que habrá de diseñarse: olvido no, pero perdón sí para lograr la pacificación y la cuarta transformación del país.

¿Olvido no, perdón sí?

¿Perdón a quién?

¿A homicidas y secuestradores?

La idea de López Obrador avinagra las expectativas que su triunfo despertó en la comunidad de las víctimas y en la sociedad asediada. Sin atenuantes a la vista, el perdón solicitado se parece a la célebre expresión “ya supérenlo” que el presidente Enrique Peña Nieto espetó en diciembre de 2014 a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

En aquella ocasión, entumecido por la magnitud de los hechos de Iguala, Peña Nieto pretendió sofocar la indignación social con un llamado sacado de los manuales de superación personal.

“Quiero convocarles –dijo durante una visita al estado de Guerrero, dos meses después de la tragedia– para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor”.

Para esa fecha, 4 de diciembre de 2014, la Procuraduría General de la República ya había perfilado lo que habría de ser la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa, y el presidente sobreestimó el valor de su palabra.

Confirmó que dos meses después el gobierno aún no prestaba atención a la atrocidad histórica del suceso, atizó la indignación pública y puso de manifiesto la intención oficial de simular la investigación.

El mensaje presidencial pedía olvidar todo y ceder ante la impunidad. Traído el ejemplo a la realidad de 2018, con una violencia que ha producido más de 200 mil muertos y alrededor de 30 mil desaparecidos desde la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, López Obrador plantea lo mismo que Peña Nieto: un perdón que cede ante la impunidad.

“El perdón es un proceso personalísimo que tiene que ver con la paz interior de las personas, de las víctimas, para poder sanar y seguir adelante con sus vidas, pero sin olvidar lo ocurrido y sobre todo con la certeza de que ese eventual perdón no se va a traducir jamás en un acto de impunidad por parte del Estado mexicano”, dijo Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, en el foro para la pacificación realizado el jueves pasado en Torreón.

Manifestó también que el perdón no será para homicidas y responsables de delitos graves.

Pero los homicidios y los delitos graves –como secuestro y desaparición— son precisamente el problema de todo, y es cuando se habla de eso que López Obrador pide aplicar el perdón, que efectivamente, es un “proceso personalísimo” en el que no tiene cabida el Estado, ni para pedirlo ni para imponerlo.

Y si es así, ¿cuál es el objeto de convertir al perdón en el eje de la propuesta lopezobradorista para pacificar el país? Ante el fracaso de dos gobiernos para poner fin a la inseguridad pública y la violencia, López Obrador obtuvo el aval de los electores a su compromiso de pacificar al país.

Intervino en ello el profundo malestar social que encontró en las elecciones el instrumento para castigar la incompetencia y la simulación.

Sin embargo, la idea que el próximo presidente aspira a implantar, cifrada en la frase “olvido no, perdón sí”, contiene fuertes implicaciones que desembocan en la falta de justicia y en más impunidad.

No es eso lo que vio la población durante las campañas. Por esa razón, las familias de víctimas que acudieron a los foros de Ciudad Juárez y Torreón rechazaron la filosofía de López Obrador y demandaron justicia.

Y así será en los demás foros, donde la voz predominante es primero justicia, después perdón. Eso es lo que se espera, lo que debe esperarse, de un gobierno construido sobre el compromiso con los desvalidos y las víctimas como sostiene López Obrador que será el suyo.

Pero la invocación que el presidente electo hace a la impartición del perdón como vía para alcanzar la paz en el país viene a ser la consagración de la impunidad. Paz mediante la resignación y el aplazamiento de la justicia –para nunca–, significa la rendición del Estado de derecho.

Eso y no hacer nada viene a ser lo mismo.

La inconformidad y la exigencia de justicia lo hacen imposible, pero si un perdón semejante se hiciera realidad, ciertamente aliviaría la presión sobre el gobierno… a costa de las víctimas y de la justicia.

¿De verdad ese es el plan del nuevo gobierno?   Policía comunitaria en Guerrero   Policía comunitaria, lo que se dice policía comunitaria, en Guerrero sólo hay una, la de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que se asienta en ciudades y comunidades de la Montaña.

Esta organización cuenta con el aval de la Ley 701 que reconoce los derechos y cultura de los pueblos indígenas de Guerrero.

La docena de grupos armados que se asumen como autodefensas, y que en ese papel controlan carreteras y caminos por diversas regiones del estado, carecen del amparo de la ley.

La reforma hecha a la Constitución estatal hace un par de semanas, por la que se retiró de su texto el término “policía comunitaria”, no afecta en lo absoluto a la policía comunitaria de la CRAC, pero en cambio servía como paraguas a los grupos que proliferaron de 2013 a la fecha.

Quizás para no despertar reacciones adversas, el gobierno no ha explicado con suficiencia el carácter de esa reforma, y la única referencia que existe al respecto es la del secretario de Gobierno, Florencio Salazar, quien dijo que el propósito del cambio es impedir que grupos delincuenciales se beneficien de la ambigüedad que existía en la materia.

El peor de esos grupos es la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG, que ha cometido numerosos homicidios y ha sido señalada de tener vínculos con el crimen organizado.

La peculiaridad de esta organización armada es que fue creada con el patrocinio y financiamiento del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, lo que plantea ángulos más serios de los que hemos hablado y a los que regresaremos más adelante.

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