Evaluación de Gobernadores, ficción política

●      Pasar lista no es sinónimo de eficiencia

●      Además, viola autonomía de los Estados

●      ¿Calderón, cómplice de García Luna?

La gran deuda que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación es la inseguridad que vive una inmensa mayoría de los mexicanos. Millones de personas en el país son víctimas de asaltos cada mes; y no es una exageración. Las cifras oficiales no existen ya que son robos de celulares, la quincena salarial, y otras propiedades de las que se apoderan los criminales en asaltos, ya sea en el transporte público o en las calles.

No hay cifras, ya que las víctimas prefieren asumir la pérdida que pasar varias horas en la oficina del Ministerio Público para presentar una denuncia. Es un desgaste emocional, de tiempo, pero sobre todo se gasta dinero; más dinero que el despojado por los ladrones.

La seguridad está en ruinas. Sí, así se la dejaron a Andrés Manuel López Obrador, pero en su primer año de gobierno, no pudo frenar la cuesta abajo. Admitió AMLO que su gobierno ha tenido que iniciar de cero en materia de seguridad. Al presentar el quién es quién en este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno ha tenido que iniciar desde cero en materia de seguridad, al tiempo que denunció que en administraciones pasadas había mucha corrupción.

Sin embargo, ya se sabía el tamaño del monstruo de la inseguridad. Ya se conocía que no sólo los más grandes grupos de delincuentes en el país se habían apoderado de zonas en las que ni la policía, ni el Ejército se atreven a incursionar. Se sabía el tamaño del índice delictivo que va directamente en contra de los mexicanos de a pie; aquellos que sufren en silencio los atracos cotidianos.

Ante ello, López Obrador niega que exista ingobernabilidad en México por crimen organizado; pero el problema que afecta a todos no es este, sino el vulgar y corriente; aquel que está en manos de los gobiernos locales para perseguir el delito del fuero común.

Las guerras entre los capos del narcotráfico, la extorsión, el narcomenudeo y de infinidad de delitos que rayan en el fuero federal, en muchos casos está lejano de la mayoría de los mexicanos. Aunque, claro, hay casos de excepción donde la vida de cientos de miles de mexicanos que sufren el terror de los enfrentamientos entre esos grupos de criminales.

Por ello la advertencia de AMLO, de que no habrá impunidad en el país, y su reflexión en el sentido en que en ningún caso el estado se encuentra impedido para poner orden y no hay retos, ni desafíos de la delincuencia organizada. Criticó la estrategia de seguridad en administraciones pasadas, la cual dijo, resultó «fatal».

El problema existe y no es privativo del gobierno federal, sino de los gobernadores.

Sin embargo, pasar lista de los gobernadores es un acto de sometimiento de un Ejecutivo Estatal ante un funcionario, en este caso el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo. La forma es fondo dicen los clásicos, y en este caso, es importante que se les dé la respectiva autoridad local a los gobernadores. Por ello, no es una sorpresa que los panistas, especialmente, y algunos priistas, no pasen lista de asistencia a las reuniones de seguridad que cita el Gobierno Federal. Mandan a sus secretarios de seguridad pública. Además, el presidente no asiste a esas reuniones.

Los gobiernos estatales tienen sus estrategias y dependen en gran medida de los apoyos del gobierno federal. La Guardia Nacional, una corporación paramilitar que busca apoyar la seguridad en varias regiones del país, debe ser enviada a las zonas más violentas y para castigar los delitos federales y en coadyuvancia con las entidades y municipios, para los delitos del fuero común.

El problema recae no sólo en el ámbito policíaco, sino en políticas y estrategias de seguridad nacional. La inteligencia política y policíaca son fundamentales para investigar los delitos que tanto dañan la moral de los mexicanos. Eso es lo que no debemos olvidar.

Si bien el país no sufre de ingobernabilidad, hay regiones en muchas partes donde se dan completamente las características de un estado fallido, donde la población carece de protección y defensa de sus intereses.

Es ahí donde gobernadores y el Ejecutivo Federal deben trabajar con intensidad. En materia del delito que daña al 98% de los mexicanos (el robo común y el asalto), el Gobierno Federal no debe liberarse de la responsabilidad de defender a la ciudadanía común y corriente; como tú o como yo, estimado lector. Necesitamos el compromiso de todos los responsables de la seguridad.

Ayer, se celebró la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, presidida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, con la asistencia del Gabinete de Seguridad Federal y los 32 Gobernadores de la República. Los gobernadores salieron mucho más tranquilos.

En esa reunión estuvo presente el Presidente López Obrador y ante ello, los gobernadores se sintieron reconocidos por sus pares. Reunirse con un funcionario del gobierno federal, como Durazo, no es suficiente para los líderes de los ejecutivos estatales. La Talacha que la hagan los secretarios de seguridad pública estatales y es suficiente, ya que tienen mucho trabajo en sus estados como para distraerse de otro tipo de actividades sociales, como las de seguridad.

PODEROSOS CABALLEROS: El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón, acusado de recibir sobornos de narcotraficantes, tiene implicaciones políticas importantes. Mario Delgado, líder de la mayoría del Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que Calderón era parte del Cártel de Sinaloa, que pagó sobornos y contó con la protección García Luna. El resultado de esa complicidad, es la espiral de violencia y delincuencia que sigue viviendo el país, justificó el legislador. Es una acusación muy delicada que involucra a un expresidente en el tráfico de drogas. El legislador debe presentarse ante la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, y rendir declaración en el expediente que se le sigue a García Luna en el país. No puede quedarse en una declaración política, ya que lo dijo con tanta certeza que pareciera tener las pruebas de su dicho. * Grupo Aeroportuario del Pacífico, que dirige Laura Diez Barroso, invertirá 24 mil millones de pesos en sus 12 aeropuertos durante el próximo lustro, con lo que para 2024 habrá incrementado en más de 60% los metros cuadrados de los edificios terminales operados. * A partir del próximo 19 de diciembre de 2019 y hasta el 06 de enero 2020, Aeroméxico que preside Andrés Conesa reactivará su ruta Monterrey-Puerto Vallarta-Monterrey, con una frecuencia al día a bordo del E170 con capacidad para 70 pasajeros. * Hokchi Energy que dirige Enrique Lusso arrancó operaciones de la primera plataforma de producción en el Puerto de Tampico con lo que comenzará su instalación en el área, al noroeste de Dos Bocas, Tabasco.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Provident, que en México dirige David Parkinson, llevó a cabo la iniciativa Rice Challenge con la cual recolectó 4.4 toneladas de arroz que serán donadas a diversas comunidades del estado de Puebla que viven en condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con datos del Banco de Alimentos Puebla, en la entidad uno de cada cuatro personas padece hambre. A través del programa de Responsabilidad Social Corporativa “Juntos Cuidamos”, la compañía líder en préstamos personales a domicilio en México, logró que más de 150 voluntarios colaboradores de Provident, de la mano del Banco de Alimentos Puebla y la Fundación Empresarios por Puebla, se sumaran a esta iniciativa que permitió superar la meta para hacer paquetes nutricionales, que se repartirán a los beneficiarios del Banco de Alimentos. La tercera microfinanciera más grande de México, con 16 años en el país incrementó en 13% la aportación de los colaboradores, quienes cooperaron en 16 equipos que, con su ayuda y compromiso, apoyaron a esta noble causa.

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