Suma CEDH otra queja contra el presidente del Poder Judicial

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 1 de marzo de 2019.- Surgió un nuevo caso de violencia institucional en el que el afectado acusa de manera expresa al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura Estatal, Juan Paulo Almazán Cué.

Este jueves, Emilio Agustín Ortiz Monroy, quien estaba adscrito como Juez de Primera Instancia en el municipio de Ciudad del Maíz, acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para presentar un escrito en el que solicita celeridad a la queja que interpuso el pasado 7 de febrero, en la cual denuncia a Almazán Cué por discriminación, violencia institucional y la remoción ilegal de su cargo.

Ortiz Monroy, quien se mantuvo como Juez de Primera Instancia durante 4 años, explicó que el pasado 9 de octubre de 2018 en sesión plenaria del Consejo de la Judicatura Estatal, Juan Paulo Almazán Cué, propuso su remoción para regresarlo a su antiguo cargo como visitador del Poder Judicial.

Tras el cierre del juzgado cuarto del ramo penal del Primer Distrito Judicial, explicó, se debía prescindir de un juez. Sin embargo, en lugar de remover al juez con menor antigüedad, el magistrado presidente propuso retirarlo a él, aún en contra de su derecho de antigüedad y de su carrera judicial, establecida estrictamente en un orden de prelación de escalafones y méritos que no respetó el presidente del Poder Judicial.

El Juez afirmó que casos como el de él, y el de la magistrada Adriana Monter Guerrero, quien también denunció a Almazán Cué por violencia institucional y la remoción arbitraria de su cargo como Secretaria General de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, “son solo la punta del iceberg de un complejo problema de autoritarismo al interior del Poder Judicial”.

En ese contexto, conminó a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, que se encuentran en la misma situación, a perder el miedo y denunciar la violencia institucional que se ha ejercido de manera sistemática, aseguró.

Sobre el argumento del presidente del Poder Judicial respecto del caso de Adriana Monter, de que las decisiones del Poder Judicial no son tomadas por él, sino por los órganos colegiados, sostuvo que se trata de una simulación.

«En realidad en el Consejo de la Judicatura, no se mueve un sólo lápiz sin que el señor Almazán Cué lo autorice. Lamentablemente las otras tres personas que fungen como consejeros no tienen en este momento el contrapeso suficiente para oponerse a las decisiones del Consejero Presidente», declaró.

Por último, el Juez Ortiz Monroy, adelantó que de no tener un resultado favorable de estas denuncias, la magistrada Adriana Monter Guerrero y él promoverán ante el Congreso del Estado, un juicio político contra Almazán Cué.