Fiscalía en SLP no indaga homicidios de mujeres con enfoque de género

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 16 de febrero de 2019.- En el marco de las “Jornadas de análisis del delito de feminicidio y su investigación”, celebrada durante la semana pasada en el Centro Estatal de las Artes, se llevó a cabo la conferencia sobre el modelo metodológico para la mejor investigación del feminicidio, en la que se estableció que en la entidad potosina se siguen incrementado las muertes violentas de mujeres porque los responsables de investigarlos no aplican la perspectiva de género.

El doctor en Ciencias Penales y en Ciencias Sociales, Arturo Yáñez Romero, advirtió que este enfoque metodológico está en el fondo y cuando no se es consciente de ello los responsables toman decisiones improvisadas.

Durante la conferencia hablo sobre la eficacia de las fiscalías en la resolución de los casos, la necesidad de implementar la perspectiva de género y la importancia de que los servidores públicos sean verdaderos investigadores.

Quienes deciden, sostuvo, están formados en facultades de derecho en las que, generalmente, no se les enseña metodología, lo cual es un problema importante en su formación.

Una de las primeras medidas para conocer si la metodología aplicada en las investigaciones de feminicidio es efectiva consiste en analizar el grado de eficacia para resolver las denuncias, la gestión de éstas y el resultado de las sentencias condenatorias. Sin embargo, existe una gran brecha entre el primer elemento y los dos últimos, pues solo el 2% de las denuncias por violación son resultas.

El especialista planteó como hipótesis que derivado de ello la Fiscalía de San Luis Potosí tiene una baja eficacia penal, porque la relación entre la probabilidad de la denuncia y el esclarecimiento de los delitos es de un 1.24%, mientras que el índice de efectividad en la investigación es de un 17.5%. Guanajuato que tiene el nivel de resolución más alto en el país, con un 4.5% y 51%, respectivamente.

El Observatorio Ciudadano contabilizó 8 mil 904 asesinatos de mujeres en el país, de los que solo el 30% se tipificaron como feminicidios, en el periodo 2014-2017.

Respecto de la relación entre víctima y victimario expuso que la autoridad desconoce un número significativo del vínculo entre ambos, lo que refleja que las indagatorias carecen de diligencias básicas, que permitan identificar del perfil del agresor.

Este es el problema crucial, en los protocolos de investigación de feminicidio pues en primer lugar se debe establecer la relación de la mujer con su entorno y su pareja, pues hace 20 años, cuando no existía la perspectiva de género, se conocía que en el 70% de los homicidios, el autor era algún familiar y que el lugar del homicidio era el hogar. Sucede lo mismo en las estadísticas de los casos de violación.

Hasta que se conocieron los casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se reflejó la falta de capacidad de la procuraduría y los agentes periciales para investigar. Esto derivó en la creación del tipo penal de feminicidio.

La perspectiva de género se crea a partir de los indicadores en el cuerpo, que se hacen de manera específica para quitarle la vida a una persona, “aunque las personas no se dediquen a matar mujeres se conducen igual. Esa conducta es la que despliega en automático los feminicidas. Todos hacen exactamente lo mismo”, señaló el conferencista.

Aunque el tipo penal feminicidio ya se aplicó, los médicos forenses aún no cuentan con la capacidad de visualizar un homicidio feminicida por lo que el enfoque de género “es un anteojo que permite visibilizar lo que, de otra manera, aunque esté ahí, no lo ves”. Si es identificado, se reporta y le sirve al fiscal y al juez para llegar a un juicio cuando es bien entendida la perspectiva de género por los operadores del sistema de justicia.

En San Luis Potosí, consideró, se sigue incrementando las muertes violentas de mujeres, lo que deriva en una segunda hipótesis planteada por el doctor Arturo. Los operadores no han aplicado la perspectiva de género que, además de ser un cambio cultural, también es un enfoque metodológico y de investigación, que permite visualizar la conducta violenta feminicida.

Los jueces, subrayó, también deben colaborar en este enfoque, pues tienen la facultad de convertir la acusación, ya sea homicidio o feminicidio, y el cauce de la carpeta de investigación.

Uno de los problemas que se le presenta a la fiscalía es que sus operadores investiguen porque la tradición en México es que no hay una investigación en el sentido mínimo y básico, sino una búsqueda y recopilación de papeles para lograr una narrativa sencilla.

La transición de un modelo inquisitivo, como el que se tenía al acusatorio es que se debe bajar el papeleo, además de un razonamiento e involucramiento de los investigadores en las averiguaciones, mientras que los fiscales deben saber litigar el caso ante el juez, la defensa y los imputados.

La primera competencia con la que debe contar un fiscal es conocer la normatividad, es decir el derecho penal y procesal e involucrase en una narrativa especifica: hechos, derechos y pruebas. También deben saber qué es una hipótesis, una investigación empírica y cómo se guía. “Los ministerios públicos deben ser investigadores de campo, no de escritorio”, enfatizó.

Lo que sigue son los hechos investigados, aquellas conductas delictuosas que se señalan en el código penal. Con lo que se pretende es que los hechos sean transformables en prueba, que dependerá de la hipótesis jurídica utilizada por el investigador para preguntar, buscar y visualizar. Esto, añadió, es un enfoque metodológico, “recibiendo denuncias y haciendo entrevistas llenaremos papeles, pero no estamos investigando. Preguntar no significa investigar, preguntar significa obtener información, pero investigar es interpretar y relacionar la información con los datos”.

Señaló que la experiencia internacional demuestra que el mejor modelo institucional para realizar la investigación penal, con un sistema procesal penal acusatorio, implica primeramente que la policía y los peritos son autónomos del fiscal, contrario a lo que se maneja en México, pues el ministerio público es jefe de ambos.

Segundo, que la fiscalía funcione como supervisor y vigile el ámbito del derecho; y contar con un juicio por jurado mixto, con profesionales y personas comunes, para formar el tribunal de justicia.

Una propuesta básica es pasar del modelo burocrático “donde el jefe manda” a una organización de la fiscalía como un modelo colaborativo de responsabilidad personal de los investigadores, donde el equipo asuma la directiva y compromiso del caso.