Promesa cumplida, aunque falta el Congreso

El presidente le cumplió a la CNTE y al equipo de Elba Esther Gordillo el compromiso de echar abajo la reforma educativa.
Para atrás la reforma que los evalúa, los obliga a dar clases, introduce mecanismos transparentes de ascensos y promociones basados en el mérito, y cambia contenidos, planes y programas de estudio.
Para ser precisos, lo que hizo el presidente López Obrador fue enviar a la Cámara de Diputados un proyecto de decreto para derogar la reforma, pero falta la última palabra del Congreso ya que se trata de modificaciones constitucionales.
En la iniciativa se plantea eliminar al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), con lo que se deshace un organismo constitucional autónomo, encargado de evaluar los resultados, el desempeño la calidad de todo el Sistema Educativo Nacional.
De prosperar la iniciativa presidencial, esas tareas quedarán en manos de un organismo integrado por la propia SEP, el sindicato y algunos invitados, según lo informó ayer el nuevo titular de Educación Pública.
A decir del propio INEE, es “volver a dejar la evaluación de diversos componentes del sistema educativo a la misma autoridad encargada de prestar el servicio educativo”.
Ejemplifica: “Hacerlo es equivalente a que de nueva cuenta fuera la secretaría de Gobernación la que organizara las elecciones y contara los votos”.
Otra vez a empoderar al sindicato en la rectoría de la educación del país.
Y las evaluaciones de los maestros serán voluntarias y sin consecuencias.
El presidente tiene todo el derecho a mandar esa iniciativa, aunque signifique un triste retroceso para la educación de la niñez mexicana. Así piensa. Ganó las elecciones. La mayoría votó por él y esa fue una de sus propuestas de campaña.
Le cumplió a su clientela electoral, sin engañar a nadie. Pero a cambio le hace daño a México.
Falta aún la prueba del Congreso y existe el derecho a opinar sobre la regresión que significa este paso atrás.
Los maestros ya habían aceptado evaluarse: más de 206 mil docentes obtuvieron la plaza o ascenso a través de un examen.
Fueron asignadas por concurso 153 mil plazas, en los que participaron normalistas y egresados de universidades.
Hasta los normalistas de Ayotzinapa se evaluaron, y 46 de 67 aspirantes que hicieron el examen tienen su plaza de maestros gracias a méritos académicos.
En las plazas difíciles como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se evaluaron el 99, 80, 100 y 97 por ciento respectivamente.
Se detectaron y quitaron de la nómina a 44 mil aviadores. Hoy esas plazas las ocupan profesores que sí dan clases y son aptos para estar frente al grupo.
Como se puede ver, el paso difícil ya estaba dado. No hubo huelga en mayo por primera vez en 20 años.
Había que mejorar la reforma, seguramente. Pero se optó por derrumbarla y dar marcha atrás en lo avanzado.
Otra vez a hacer de los méritos sindicales y políticos el mecanismo de ascenso.
De nuevo al protagonismo de maestros que no dan clases pero sí toman carreteras, incendian autobuses, bloquean ciudades, se apoderan de radiodifusoras privadas y nos aseguran que “maestro luchando también está enseñando”.
¿Qué destino les depara a generaciones de niños que saldrán con ese tipo de educación?
Seguramente habrá algunos buenos, porque hay buenos maestros.
Sin embargo la inmensa mayoría, en los estados más atrasados del país, seguirán condenados a vivir de las dádivas del gobierno y a votar por el partido en el gobierno para que no se acabe el apoyo.
Cuando crezcan no tendrán piso parejo para competir por los empleos bien pagados.
Sin buena educación, generaciones de niños mexicanos estarán condenadas a la pobreza.
Ojalá el proyecto del presidente y del secretario de Educación funcione y tengamos, en un año, cien universidades nuevas, de calidad. Sería fantástico, pero no es creíble.
No es creíble, entre otros puntos, porque los argumentos que usaron para proponerle al Congreso echar abajo la reforma educativa son falsos, como veremos mañana.
Lo que hay hasta ahora es el cumplimiento de una promesa a la CNTE y satisfacción de una fobia ideológica contra la reforma que se pretende borrar, aunque con ello se condene a los niños pobres a seguir siendo pobres porque no tuvieron el piso parejo para desempeñarse en la vida.