Diputados reprochan al fiscal Garza Herrera mal desempeño laboral

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 4 de diciembre de 2019. – El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, compareció ante los diputados de la LXII Legislatura, con motivo de su Informe Anual de Actividades.

Los diputados Rolando Hervert Lara, Eugenio Govea Arcos, Edgardo Hernández Contreras, señalaron graves deficiencias en la actuación del personal de la Fiscalía, lo que ha generado falta de resultados en las investigaciones e impunidad para los acusados.

El diputado Rolando Hervert dijo que en un chat, se dio cuenta de varias quejas de abogados de la dilación de los procesos en el nuevo sistema penal y que denuncian una mala actuación y abuso de autoridad por parte del vicefiscal Aaron Edmundo Castro, en la presentación de los asuntos y carpetas de investigación ante los jueces de control. En este sentido, el Fiscal dijo desconocer estos casos en específico y solicitó se realicen las denuncias respectivas para iniciar una investigación interna.

En el mismo sentido, el diputado Edgardo Hernández señaló que existe corrupción al interior de la Fiscalía General del Estado por parte de los vicefiscales, lo que ha generado una impunidad en la investigación e integración de las carpetas de investigación, principalmente en casos de robos, homicidios, y asaltos.

Al respecto, los diputados José Antonio Zapata Meráz y Eugenio Govea manifestaron que para este 2020, se prevé que la Fiscalía cuente con un presupuesto de mil 19 millones de pesos, que debe traducirse en eficiencia para la atención de la ciudadanía que espera una procuración de justicia eficiente.

El Fiscal indicó que la mayoría de este presupuesto se utilizará en aumentos salariales a personal, ya que cuenta con el mismo personal de 2017 al no autorizarse la creación de nuevas plazas, conformado por mil 683 empleados, donde el 64 por ciento corresponde a seguridad y custodia, 61 peritos, 235 agentes del ministerio público, y policías de investigación.

El diputado Rubén Guajardo dijo que según los datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2018 se denunció solamente el 7.3 por ciento de los delitos, que contrasta con el 2017, cuando el porcentaje fue de 11.3, de los cuales el ministerio público inició averiguación en 73 por ciento y solo el 5.3 de los casos se le dio seguimiento.

Dijo que de acuerdo a estos datos, el 31 por ciento no denuncia por considerarlo pérdida de tiempo, y por desconfianza en la autoridad el 19 por ciento.

Además, dijo que derivado del asunto donde perdió la vida el ciudadano Enrique González Gómez en la colonia Las Julias en 2017, donde fueron procesados y sentenciados seis policías ministeriales, que participaron en los hechos y que en la actualidad todos se encuentran en libertad.

Independientemente de la causa penal, se les instauró el procedimiento administrativo de responsabilidad por sus actos u omisiones en el desempeño de sus funciones; los involucrados demandaron y obtuvieron el amparo de la justicia federal por una separación injustificada de su trabajo, con lo cual costó al erario un monto de 3 millones 500 mil pesos por no llevar un procedimiento adecuado.

El Fiscal manifestó que derivado de este hecho fueron procesados seis policías por este hecho y, al reconocer su causa acordaron la reparación del daño con los familiares de la víctima, derivado del procedimiento federal que llevaron, el juez federal ordenaba restituirlos en sus cargos, lo cual no puede darse en virtud de que cuentan con antecedentes penales.

El legislador pidió información precisa sobre el caso y verificar el estatus laboral de los involucrados en el caso.

El diputado Rolando Hervert dijo que está en análisis una iniciativa que presentó para dotar de autonomía a la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción, por lo cual solicitó al Fiscal Garza Herrera su opinión, quien destacó que generar este tipo de estructura requiere de un mayor presupuesto.

Dijo que en materia de atención a casos de corrupción, actualmente se atienden 57 casos contra servidores públicos: 12 funcionarios en proceso penal ante el juez; dos exdiputados que están vinculados a proceso en etapa de investigación complementaria; tres exdiputados con solicitud del juez de control para audiencia inicial; siete funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) en proceso penal ante el juez; y dos oficiales del Registro Civil en proceso ante el juez penal, entre otros.

A pregunta del diputado Mauricio Ramírez, indicó que en el último año, los recursos del FASP fueron aplicados principalmente en materia de seguridad pública, por lo cual en materia de procuración de justicia sigue existiendo una deficiencia presupuestal.

Al respecto, el Fiscal General del Estado consideró que el gran problema de México no es la procuración de justicia, sino la seguridad pública, ya que se cometen más de 32 millones de delitos al año y se denuncia menos del 10 por ciento.

Dijo que esto se debe en gran medida a que se confunde el sistema de justicia penal actual, con el sistema anterior; en este sentido, el personal fue capacitad de manera teórica y no práctica, lo cual ha generado algunos conflictos.

Agregó que otro de los problemas es que el actual sistema de justicia penal no fue socializado, lo que ha generado insatisfacción en la sociedad; además consideró la institución no tendrá un cambio significativo hasta que no se realice un cambio generacional.